La Argentina Ilegal

Nos despertamos cada día en nuestro bendito país, escuchando y aceptando con naturalidad sucesos que en otras latitudes serían motivo de condenas ejemplificadoras, pero en la República Argentina, el pasar sobre las leyes parece moneda corriente.

Un país, como tal, tiene un conjunto de leyes que protege a los ciudadanos y los mantienen justamente, dentro de la legalidad, y debiendo prohibir cualquier acto o actividad que por fuera de esas leyes quieran establecerse.

Casi 2 meses desde la desaparición de una persona, casi 60 días sin tener idea que pasó realmente con un manifestante a favor de la comunidad mapuche, sin entrar en caminos o tendencias políticas, parece inaceptable que la justicia marche tan lenta, lo mismo que es inaceptable que aparezcan testigos poco creíbles que ensucien más el camino para resolver el misterio, como tampoco es posible prohibir investigar en lugares clave, por considerar territorios sagrados Ni más ni menos, una persona desapareció y seguimos esperando que aparezca de una vez.

Pero no nos detenemos en el caso Maldonado, recordamos y también creemos merecer respuesta en que pasó con Julio López, donde está María Cash, Erica Soriano, y tantos más desaparecidos de la actual época democrática.

Seguimos incrédulos, y nos enteramos que hay que movilizar a 400 efectivos de las fuerzas de seguridad para que un sindicalista corrupto compadezca ante la justicia por actividades ilegales probadas, parece una locura. Y que encima haya decenas de partidarios a ese individuo que crean un aparato de resguardo al mismo, desafiando o ignorando las órdenes judiciales, parece del medioevo, donde murallas dentro de cada feudo regían sus propias leyes.

Qué decir de un exfuncionario que teniendo múltiples causas de corrupción y estrago que causó decenas de muertes, se ampara en fueros parlamentarios para evitar comparecer en la justicia, cuando su inocencia y trayectoria estarían mejor protegidas si aceptara comparecer en un tribunal, y lavar allí, si puede, su buen nombre.

Predios de venta de mercancías con marcas adulteradas, falsas, que invaden espacios públicos, que son regenteadas por personajes blindados a la justicia y ante la policía, protegidos por fuerzas de “seguridad” propias integradas por barras bravas de clubes de fútbol, y apañados sin dudas por los poderes políticos de la zona para no molestar a aquellos que seguramente, proveen de recursos para campañas.

Manteros y vendedores ilegales, que no pagan impuestos, que venden artículos con marcas trucha (ilegales), que ocupan veredas y predios diariamente, muchas veces formando parte del aparato de trabajo esclavo, o de inmigración ilegal, que pretenden tener derechos especiales si se los quiere legalizar. Así exigen predios, subsidios y ubicaciones especiales amenazando a las autoridades con ocupar nuevamente espacios si no se les da vía libre a sus reclamos.

Leyes de tránsito solo para automovilistas, ya que los motoqueros jamás son requeridos para pruebas de alcoholemia o de consumo de drogas, y son los que a diario forman parte de los delitos más comunes, motochorros, salideras bancarias, arrebatos. Se les encuadra con una ley que los obliga a usar chaleco y casco, pero en lugar de aceptar dicha ley, protestan y redoblan el desafío, no usando dichos elementos identificatorios.

Del otro lado del mostrador, los gobiernos de turno, que desde hace años y años bajan la vara de la justicia, desprotegiendo a quienes cumplen sus obligaciones, a quienes pagan sus impuestos para mantener subsidios y beneficios a otros.

Mirando para otro lado cuando bandas organizadas de encapuchados y armados con palos y fierros toman como propias las calles, avenidas y puentes, vapuleando el derecho a la libre circulación que constitucionalmente todos tenemos.

Un Jefe de Gobierno de la ciudad más importante del país, que cuando recibe denuncias puntuales de ciudadanos comunes sobre drogas, delincuencia o inseguridad, hace contestar en su nombre que dichas denuncias deben hacerse a través del 147, pero, para que es Jefe de Gobierno si llena de burocracia los temas más delicados que aquejan a la gente común.

Si pasar sobre las leyes no es penalizado, difícilmente tengamos un país en serio, al menos para nuestra generación parece una meta difícil de alcanzar.

No solo la inflación o la economía son problemas de Estado; la seguridad, la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y el cuidar que nadie pase sobre las leyes perjudicando al resto de la comunidad, también lo son. Trabajemos para que la Argentina ilegal desaparezca.

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