Energía solar: Un sol que brilla para todos Lecturas de verano
Compartimos la introducción del capítulo Energía solar en hogares rurales vulnerables de Uruguay: el Fondo Solar de MEVIR de Claudia Cohanoff, Soledad Contreras y Andrea Waiter.
En Uruguay la dimensión social de la energía y, en particular, lo que refiere a los problemas de acceso y a las inequidades existentes entre distintos grupos sociales han sido incorporados recientemente a la discusión académica. En este sentido, existen varios trabajos provenientes de las Ciencias Sociales que dan cuenta del acceso a la energía como problema social (Amarante y Ferrando, 2011; Bertoni, et. al., s/f; Laureiro, 2017).
A nivel internacional, el problema energético ha sido incluido en la agenda pública, por ejemplo, como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), en el que se propone alcanzar el acceso a energía asequible y no contaminante para todos (ONU-CEPAL, 2016). A nivel nacional, a partir del año 2008, comenzó un proceso de cambio en el sector energético; por primera vez en su historia Uruguay cuenta con una política de Estado en materia energética para tratar de dar respuesta a las carencias estructurales del sector. La misma fue desarrollada y aprobada por el Poder Ejecutivo en 2008 y avalada en el año 2010 por una comisión integrada por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Conocida como Política energética nacional 2005-2030, cuenta con tres componentes centrales, a saber: i) Ejes estratégicos, ii) Metas e iii) Instrumentos de política. Los ejes estratégicos fueron elaborados en comunicación con los actores vinculados con la aplicación de la política (en particular la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas –UTE– y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland –ANCAP–) y contemplan la definición del marco regulatorio. Además, la política energética incluye la “diversificación con soberanía” y en el desarrollo de capacidades para contribuir a la transformación productiva del país; aspectos vinculados a la demanda energética, a través de la promoción de hábitos de eficiencia energética; y aspectos sociales, vinculados sobre todo, con el acceso a la energía en tanto derecho humano. En relación a este último punto, se concibe la política energética como instrumento de integración social: promoción del acceso a todos los sectores del país (sociales y territoriales) a la forma de energía que cumpla sus necesidades y a costos razonables (DNE, s/f).
En este contexto se desarrollaron nuevas políticas tendientes a facilitar el acceso a la energía a sectores vulnerables de la población, las mismas tienen en común que se enfocan en facilitar el acceso a la red eléctrica general u a otras fuentes de energía moderna como el gas licuado de petróleo (GLP), ya sea a través de mecanismos que abaratan las tarifas, regularizan las conexiones clandestinas o amplían la electrificación rural.
En Uruguay las energías renovables han sido recientemente incorporadas a la matriz energética, destacándose el desarrollo de la energía eólica, que en 2017 representó el 22% de la matriz eléctrica (MIEM, 2018). Sin embargo, el resto de las fuentes renovables tiene un desarrollo menor. La energía solar de pequeña escala, en particular la fotovoltaica, ha sido utilizada en algunos proyectos puntuales con el fin de facilitar el acceso a la energía en áreas rurales sin tendido eléctrico.
Por ejemplo, en el año 1992 comenzó un proyecto que consistió en la donación de paneles fotovoltaicos a escuelas, destacamentos policiales y policlínicas del medio rural. A partir del año 2004 se llevó adelante el “Plan de 1000 Equipos” en Convenio con el Banco Mundial, a través del cual se instalaron paneles fotovoltaicos en escuelas rurales y destacamentos policiales, además de pequeños poblados y rancheríos (MIEM, 2009). Más recientemente, en el año 2014, se firmó el convenio para la incorporación de Uruguay al proyecto de la OEI “Luces para aprender”, a través del cual se instalaron paneles fotovoltaicos en escuelas rurales (Página web del CEIP). Mientras que en 2015, Cerros de Vera (ubicado en el Departamento de Salto) pasó a ser el primer poblado rural en abastecer su demanda de energía eléctrica con generación autónoma fotovoltaica (Presidencia de la República, 2018).
En este contexto, el Fondo Solar de la Comisión Honoraria Pro Fondo solar MEVIR– nace en el año 2017 de un acuerdo entre esta institución, la empresa UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). El mismo trata de la instalación de colectores solares subvencionados por la UTE en las viviendas de los núcleos de MEVIR, institución que se encarga de facilitar el acceso a la vivienda de la población rural vulnerable. Además, la Facultad de Ingeniería (FING) de la Universidad de la República (UdelaR) está involucrada en el monitoreo y análisis de los datos del consumo. Si bien estas viviendas cuentan con acceso al tendido eléctrico de UTE el programa busca diversificar las fuentes de energía y mejorar la eficiencia.
En la primera etapa de implementación del fondo se buscó brindar una solución integral al acceso y utilización de la energía, que incluía la compra e instalación de colectores solares, el cambio en la forma de calefacción de la vivienda, la mejora en el aislamiento térmico de la misma, la capacitación de los usuarios para el mantenimiento de los equipos instalados y la eficiencia energética en su utilización. Este convenio representa uno de los pocos ejemplos de articulación interinstitucional entre la política de vivienda y la política energética en Uruguay. Además, constituye un importante antecedente de utilización de energías renovables a nivel residencial en la población rural vulnerable para mejorar la eficiencia energética y el acceso a la energía de esta población.
Teniendo en cuenta lo recién mencionado, este capítulo tiene como objetivo describir y analizar el proceso de implementación del programa “Fondo Solar MEVIR” desarrollado por MEVIR, UTE y la Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM. Para ello se toma el caso del complejo MEVIR Solís de Mataojo. La estrategia de investigación elegida consiste en la realización de entrevistas a actores relevantes de las instituciones vinculadas al programa (MEVIR, DNE, FING) y a miembros de los hogares beneficiados. Además, se realizó el análisis de documentos vinculados al Fondo Solar MEVIR y a las políticas públicas de energía.
Si te interesa el tema que compartimos hoy en nuestra sección Lecturas de verano, te invitamos a seguir leyendo el libro Transición energética en Sudamérica Discusión conceptual, políticas públicas y experiencias locales, Santiago Garrido (compilador), Lenguaje Claro editora, Buenos Aires, Argentina.
D5 Creation